Economía creó una "unidad de seguimiento de las operaciones de comercio" como medida contra la inflación. La coordina Michel, titular de la Aduana. Su primera iniciativa es suspender derechos antidumping de 8 productos, que impactan en alimentos y bebidas.
La creación de la “Unidad de seguimiento, trazabilidad y promoción de las operaciones de comercio” que abrió el Boletín Oficial este lunes fue de lo más comentado en cámaras empresarias y estudios de abogados, ante la incertidumbre del sector privado sobre cuál sería su finalidad, dado que forman parte el Ministerio de Economía, pero también AFIP, Aduana, la Comisión Nacional de Valores y la Unidad de Información Financiera. Las especulaciones pasaban por si iban a mirar los stocks de mercadería, las compras del dólar CCL o demorar las importaciones vía el SIRA.
Lo cierto es que la creación de esta nueva unidad había sido filtrada por el Ministerio de Economía como una de las medidas para enfrentar la inflación, en el fin de semana posterior a que se conociera que el dato de abril había escalado al histórico 8,4%. Ahora, en el cierre de mayo, cuando todas las consultoras estiman una inflación en torno al 9%, Economía puso en marcha la nueva unidad y designó a su coordinador: Guillermo Michel, titular de la Aduana y mano derecha del ministro Sergio Massa.
La primera medida consistirá en la suspensión de derechos antidumping en ocho productos de ramas de insumos difundidos o bienes intermedios, de los sectores de alimentos y bebidas, construcción, química y plástica. Es alimentos y bebidas donde el Gobierno busca contener las subas de precios, que en abril superaron los dos dígitos. La medida impacta en 10 empresas, donde Economía asegura que tienen una participación en la producción nacional superior al 80%, tuvieron rentabilidades que alcanzaron hasta el 14% y sus precios subieron hasta 24% por encima del índice de precios mayorista, según un informe oficial.
El objetivo es “reducir el precio efectivo de las importaciones de ciertos insumos difundidos, fomentar la competencia en ramas altamente concentradas y disminuir los precios a lo largo de la cadena de valor”, según la nueva norma. Tendrá una vigencia por 120 días, “con posibilidad de prórroga”.