El presidente electo estaba citado como testigo, pero nunca consideró que la futura vicepresidente planteara la posibilidad de su indagatoria en un expediente que ventila el caso de corrupción más emblemático de la administración kirchner
En las oficinas de Puerto Madero, donde Alberto Fernández pasa los días previos a su asunción, se descartó que hubiera habido un acuerdo político entre el presidente y la vicepresidente electa. Eso significa que Alberto Fernández no consensuó con Cristina Fernández de Kirchner que propusiera su declaración indagatoria como una pieza más de su estrategia procesal.
El presidente electo ya figura como testigo por la defensa de la ex presidente, pero ello no implica ninguna eventual responsabilidad penal en la causa que se ventila en el Tribunal Oral Federal número 2.
Por eso Alberto Fernández se sorprendió cuando CFK sostuvo en los tribunales de Comodoro PY que “van a tener que citar al presidente de la República, que fue jefe de gabinete de 2003 a 2008”. Esa sugerencia de su compañera de formula implicaría modificar el estatus jurídico de Alberto Fernández, cerrando así una extraña paradoja en la historia de la Argentina: después del 10 de diciembre, no sólo habría una vicepresidente procesada por corrupción, sino que también se sumaría el presidente de la Nación.
En Puerto Madero aseguran que Cristina Fernández de Kirchner no improvisó y que su propuesta al tribunal oral esconde la intención de lograr que Alberto Fernández use su peso institucional para cerrar una investigación que tendría suficiente evidencia para sostener fuertes condenas a los imputados por corrupción pública. En este sentido, la ecuación política es fácil de explicar: si la causa está armada, que la desarme Alberto Fernández desde la Casa Rosada.
“Alberto (Fernández) considera que no hay evidencias contra Cristina, lo dijo y lo sostiene. Pero eso no significa que se involucre en una operación judicial. Alberto (Fernández) sigue creyendo en la división de poderes. Entre líneas hay un mensaje. Pero nosotros no vamos a hacer nada", argumentaron a Infobae desde las cercanías del presidente electo.
Las explicaciones políticas sobre la sugerencia procesal de Cristina Fernández de Kirchner no terminaron en Alberto Fernández. En Puerto Madero además interpretan que CFK también pretendió incluir a Mauricio Macri. Desde esta perspectiva, CFK intentaría unir al Presidente y al presidente electo en una estrategia política destinada a terminar con la causa de la obra pública de Santa Cruz.
Esta lectura peronista de la supuesta estrategia de CFK, que paradójicamente se reprodujo en Balcarce 50, se apoya en la siguiente declaración realizada por la vicepresidente electa ante el Tribunal Oral Federal:
"El Gobierno utilizó la Oficina Anticorrupción y la UIF para impulsar las causas judiciales. El rol de la señora Laura Alonso, no abogada, que asume la OA. Se modificó el decreto para que pueda asumir. ¿Quién es el titular de la UIF? Mariano Federici, un ex funcionario del FMI. Eso no es reprochable, pero Federici viene del HSBC, una entidad financiera que ha sido internacionalmente perseguida por lavado de dinero. Y el HSBC tiene una causa en la Argentina. Podemos hablar de la estructura de la AFI, de Arribas y de Majdalani, y de la causa de Dolores, que el tribunal debería tener en cuenta”.
”Esta declaración de Cristina Fernández de Kirchner –sostienen en el Frente de Todos– significa que Macri debería también involucrarse para evitar que el gobierno peronista le haga a él lo que supuestamente le hicieron a la vicepresidenta electa. Desde Madrid, donde está Macri en gira oficial, la respuesta a Infobae fue simple y contundente: “No tuvimos nada que ver, no tenemos hacia adelante, y no nos vamos a involucrar”, enfatizaron desde la capital de España.
Alberto Fernández aún no conversó sobre el asunto con su compañera de fórmula, aunque espera hacerlo ante la primera oportunidad. Considera que la Justicia federal está persiguiendo a la ex presidente, pero se sorprendió con su paso estratégico a pocos días de asumir el poder. Al presidente electo no le gusta que le digan qué tiene que hacer, y menos frente a un tribunal que investiga un caso de corrupción con el que jamás tuvo que ver.