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Las entidades que hoy proveen los plásticos de Visa adujeron dificultades en los sistemas para aplicar las nuevas comisiones y pidieron un “waiver”. El Central lo rechazó y los nuevos valores estarán vigentes desde mañana.


La relación entre el Gobierno y los bancos se tensó aún más en los últimos días y estuvo a punto de terminar con un duro castigo oficial por incumplimiento. Las entidades dueñas de la compañía Prisma, que proveen las tarjetas Visa de crédito y débito, demoran desde hace dos meses una baja de aranceles que dispuso el Banco Central. El directorio del organismo rechazó un "waiver" que llegaron a pedir las compañías para acatar la normativa y hasta amenazó con aplicarles una sanción ejemplar.

La discusión se generó a partir del "tope máximo" que impuso la institución de Federico Sturzenegger sobre la "tasa de intercambio", que es la parte del arancel que los bancos cobran a las tarjetas en los pagos con crédito y débito. La norma forzó a todo el sector a aplicar nuevas "alícuotas" a partir del 1° de abril (ver infografía). Pero en Prisma adujeron complicaciones en la puesta a punto de los sistemas informáticos y sus dispositivos y demoraron la implementación. Ante la insistencia del BCRA, la compañía envío una carta formal para pedir un "waiver" (una dispensa temporal) en el cumplimiento de la normativa. Pero desde el organismo rechazaron la solicitud y advirtieron que estudiarían una eventual sanción en su próxima reunión de directorio. Frente a esto, las tarjetas se comprometieron a aplicar a partir de este lunes las nuevas comisiones. Pero, por un problema en la implementación, anunciaron que lo harían sin falta a partir de mañana.

El destrato oficial hacia los bancos de Prisma tiene una explicación. En el Gobierno creen que, con estas maniobras, las entidades resisten y reaccionan la embestida que iniciaron algunos organismos públicos para terminar con el monopolio del negocio de las tarjetas. Fueron dos grandes "estocadas" en sólo unos pocos meses: la primera, cuando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia decidió denunciarlos por "abuso de posición dominante" e inducirlos a vender Prisma; la segunda, cuando el BCRA puso el "tope máximo" a las tasas de intercambio. Esto último apuntó a reducir el arancel que cobran los bancos a la compañía de tarjeta de crédito (el "adquirente") cada vez que se hace un pago con el plástico en un comercio. Sobre el 3% del monto de una compra, el banco emisor se quedaba antes con un 2,7% o 2,9% de esa alícuota (con lo que, finalmente, dejaba sólo 0,1% o 0,3% de comisión para la compañía de tarjetas o "adquirentes"). Esto desalentaba, claramente, el ingreso de eventuales competidores en el mercado, porque el negocio sólo resultaba apetecible cuando el adquirente y el banco emisor fueran la misma compañía, como sucedía en el caso de Prisma y las catorce entidades del sistema. La normativa del BCRA dispuso, entonces, que esta tasa de intercambio se redujera gradualmente: desde el 2,7% de entonces en tarjetas de crédito, al 2% en abril pasado y hasta llegar al 1% en 2021. Y en las débito, al 1% en abril y el 0,6% en 2021.

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