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La iniciativa apunta a modernizar las herramientas para la investigación del narcotráfico, hechos de corrupción, la trata de personas y el crimen organizado.

El Gobierno impulsa la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal, una reforma que demorará entre cinco y siete años en ejecutarse de manera completa y que comenzaría a ponerse en marcha a fin de año en Salta y Jujuy. 

La iniciativa busca principalmente modernizar las herramientas para la investigación del narcotráfico, hechos de corrupción, la trata de personas y el crimen organizado. Además, con la reforma, el oficialismo apunta a que los condenados con penas de cumplimiento efectivo sean encarcelados aunque aún les queden disponibles instancias de apelación superior. 

En tanto, el proyecto de modificación, que fue presentado en el Senado en octubre de 2016, recién será discutido este año en el Congreso, es por ello que el Gobierno busca generar el consenso necesario para implementar el nuevo Código. 

En ese contexto, el oficialismo reunió ayer a referentes del Poder Judicial y legisladores durante la presentación del Eje Penal del programa Justicia 2020. La actividad fue encabezada por el titular de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. 

"El nuevo sistema lo que hace es poner en el centro a las personas y corre a los papeles. En términos de resultados lo que nosotros esperamos no es más personas detenidas, sino básicamente más personas que estén detenidas con sus casos resueltos", advirtió Garavano.

Asimismo, también participaron de la jornada el presidente del Consejo de la Magistratura, Miguel Piedecasas; el juez federal Julián Ercolini; el titular interino de la Procuración General, Eduardo Casal; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez; presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Eduardo Riggi; el senador nacional Rodolfo Urtubey; la presidenta de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, María Lilia Díaz Cordero y el titular del gremios de Judiciales, Julio Piumato.

La medida, que despertó gran interés en el ámbito judicial, pondrá finalmente en marcha el Código aprobado en 2015 y permitirá adicionar las leyes sancionadas en los últimos años como la flagrancia, los juicios unipersonales y la Ley de Víctimas.

"Va a tener estado parlamentario el 2 de marzo y tendrá un tratamiento lo más rápido posible en Asuntos Constitucionales en el Senado y luego pasará a la Cámara de Diputados", remarcó Urtubey, que firmará un proyecto elaborado en el marco de la comisión bicameral abocada al tema, junto con el jefe del bloque de senadores de Argentina Federal, Miguel Ángel Pichetto.

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