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"Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros". Lo que se transcribió es parte del artículo 99 de la Constitución Nacional, el cual define las "Atribuciones del Poder Ejecutivo".

Los gobiernos, en general, sean del color político que sean, tienen una consideración particular de lo que son esas "circunstancias excepcionales" para el uso de los DNU. Porque además, el trámite tiene un segundo paso, saber: "El jefe de gabinete de ministros personalmente y dentro de los diez días someterá la medida a consideración de la Comisión Bicameral Permanente, cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada Cámara. Esta comisión elevará su despacho en un plazo de diez días al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento, el que de inmediato considerarán las Cámaras". Es decir, el DNU debe ser elevado al Congreso -más allá de que sea una atribución que tiene el Presidente- y el Poder Legislativo debe refrendarlo o rechazarlo. Una ley posterior, impulsada por la entonces senadora Cristina de Kirchner, estableció que para que esa última posibilidad ocurra debe ser rechazado por ambas Cámaras; caso contrario sigue vigente.

Sin embargo, la norma no determina un plazo para que realice ese pronunciamiento de ambas Cámaras y dispone que el DNU no pierda su vigencia por la falta de tratamiento del Congreso. Cuando se aprobó la ley en 2006, quienes mostraron mayor resistencia a este punto fueron los bloques del PRO y la UCR, con el argumento de que sería "un franco retroceso para la democracia y para la calidad institucional del país". Pero hoy son ellos quienes están en el poder.

Mauricio Macri está a punto de cumplir 800 días como Presidente y ya firmó un total de 37 Decretos de Necesidad y Urgencia. Si comparamos el uso que le han dado el resto de los jefes de Estado a esa herramienta desde el retorno de la democracia, en igual período, el actual mandatario queda cuarto en el ránking. Esa lista la encabeza Eduardo Duhalde (154), seguido por Néstor Kirchner (132), y Fernando de la Rúa (59). Más atrás vienen Carlos Menem (36 y 35, en su primera y segunda presidencia, respectivamente), y Cristina de Kirchner (21 y 25). Casos especiales son los de Adolfo Rodriguez Saá, que firmó seis durante la semana que fue asumió la presidencia tras la caída de la Alianza, y Raúl Alfonsín, que emitió solo 10 en toda su gestión. Estos datos surgen de un análisis que realizó ámbito.com en base a registros oficiales.

Pero hay una cuestión en la que se destacan especialmente los DNU de Macri. Más de la mitad, precisamente el 54%, fueron emitidos en tiempos de receso legislativo, lo que agrega un nivel de dificultad a su revisión. Técnicamente, estaría detrás del segundo mandato de Cristina de Kirchner, en el cual firmó, siempre en igual período, un 57%. Pero si se suman sus dos gestiones, el porcentaje de la expresidente baja a 41,3%. De la Rúa (40,7%), Duhalde (32,5%), Kirchner (25,8%) y Menem (15% sumando sus dos mandatos), tienen también un registro menor.

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