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Magistrados están en pleno proceso de contestar los datos que arrojaron demoras en casos sensibles. A fines de febrero se comenzará a delinear informe final. Puede disparar pedidos de juicio político.

La primera auditoría sobre causas de corrupción que mantiene en vilo a los jueces -en especial a los de Comodoro Py- tomará estado público recién a fines de marzo, cuando finalice el proceso de recopilación y clasificación de datos. Impulsada a instancias del Consejo de la Magistratura, el tema inquieta en tribunales no por sus resultados concretos, sino por cómo puedan ser leídos de cara a la sociedad, y porque abonarán la tesis de que los magistrados suelen acompañar los tiempos políticos y estirar los procesos cuando están involucrados funcionarios públicos en ejercicio del poder.

Pese a que la atención la recibirán los 12 juzgados de Retiro, los datos numéricos del derrotero de las causas ya se encuentran clasificados para cada uno de los juzgados federales de todo el país. Son un total de 17 jurisdicciones, a los que se agregan 258 tribunales orales y la actuación de 39 cámaras de apelaciones a lo largo de los últimos 20 años. Más allá del carácter estadístico de la auditoría encabezada por el titular del órgano de selección y remoción de jueces, Miguel Piedecasas, los números arrojarán datos duros sobre la forma de administración de justicia "inquisitivo" con los jueces a la cabeza de las investigaciones y con decisiones absolutas respecto de las investigaciones.

Ya se les corrió vista a todos los juzgados, cámaras y tribunales de la tabulación de los datos de inicio de los expedientes y de incidentes intermedios y su resultado. Tendrán tiempo de opinar, cuestionar, corregir o justificar los elementos que surjan de allí hasta fines de febrero. Recién entonces se agruparán las respuestas que hayan sido giradas al Consejo para elaborar una plataforma de datos abiertos que permita el acceso público. Los técnicos del Consejo se encuentran abocados al diseño visual que tendrá la interfase de consulta. En su réplica, los jueces podrán hacer las observaciones que consideren para encuadrar la posible interpretación que tengan los números. Será uno de los campos más utilizados. En los pasillos de Comodoro Py, aguardaban a que finalice la feria con pleno conocimiento de cuáles habían sido las planillas que relevó la propia Cámara Federal sobre las causas.

Hecho sobre la base del sistema informático Lex 100 existirán vacíos que no solo se explican por la demora (circunstancial o intencional) de los expedientes en manos de los jueces: los fiscales -sobre todo en los últimos años- dejaron de utilizar ese sistema para cargar las distintas resoluciones e incidentes en los que participaban. Si por ejemplo un juzgado remitía un caso para opinión del Ministerio Público, ese giro quedaba registrado, pero su devolución (a menos de que el juzgado se encargase de cargarlo) no queda asentada automáticamente.

También quedará por fuera una cuestión igual de polémica que la extensión en el tiempo de manera injustificada de las investigaciones por corrupción: los sobreseimientos en tiempo record. Para la estadística, será una causa resuelta con premura, aunque su resultado podría contrastar con iguales decisiones que hayan implicado años de idas y vueltas.

La publicación de los datos será aguardada con fruición por parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, quien ya dio el puntapié para que se investigue la labor de dos magistrados federales, Ariel Lijo y Daniel Rafecas. Sobre este último, uno de los principales interesados en conocer sus números era el consejero de la UCR, Ángel Rozas que instruye una causa disciplinaria ante el Consejo con la que un sector del Gobierno busca enviarlo a juicio político. La sola presentación de los abogados como un análisis preliminar de los elementos que recopiló el Consejo fue días antes de que el juez dispusiera la detención del exvicepresidente Amado Boudou. Fue leído como una reacción lineal al pedido de investigación. Fue extraño. Su juzgado había sido certificado con la norma ISO 9001/2008 de gestión de calidad sobre el tratamiento de los expedientes a su cargo. El Gobierno aguarda también conocer la performance de Rodolfo Canicoba Corral sobre quien también amenazan con cercarlo, hasta ahora por vías indirectas y pese a sus fallos recientes.

La auditoría fue respaldada por el Foro de Convergencia Empresarial que nuclea a 80 de las principales organizaciones más importantes del país. Ese apoyo de hizo explícito en el último Coloquio de IDEA en Mar del Plata donde se expuso uno de los casos con resultados imposibles de digerir en términos numéricos. Más allá de que el Consejo no busca habilitar una cacería de magistrados, la lectura de la performance de cada uno quedará expuesta por primera vez.

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