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Se encenderá la luz roja de las reparticiones que no cumplan las metas fijadas. La idea es de la Oficina Anticorrupción.
“Ustedes tienen que ser los primeros que controlen y denuncien”. En una de las últimas reuniones de Gabinete, Mauricio Macri les recordó a sus ministros lo que días antes había dicho en otra cumbre en el CCK: que será “implacable” con la corrupción y que no admitirá “desvíos”. Y aprovechó para adelantarles que prepara un “tablero de control de transparencia” por el que deberán rendir cuentas periódicamente.

La iniciativa, una recomendación expresa de la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso, está inspirada en el tablero de control de gestión con el que desde Jefatura de Gabinete se supervisa a cada ministerio. Y busca acotar el margen de riesgo de casos de corrupción en los ministerios, organismos descentralizados y empresas públicas.

Si bien la coordinación del programa recaerá en el lilito Fernando Sánchez, quien formalizará su incorporación al Ejecutivo una vez que finalice su mandato como diputado nacional, involucrará a otros organismos, como la OA, la Sigen, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Procuración del Tesoro y la Agencia de Acceso a la Información Pública, que aportarán datos y relevarán a cada área.

¿Macri duda de los suyos? En el Gobierno aseguran que confía “plenamente” en cada ministro pero admiten que son muy pocos los ministros -Juan José Aranguren, de Energía- que cumplieron con presentarse a las reuniones de auditoría que requiere la Sigen y que es necesario controlar el comportamiento de segundas y terceras líneas que acumularon poder de decisión en áreas clave.

Por eso, se tendrán en cuenta distintos indicadores: el nivel de cumplimiento en la presentación de las ddjj de cada funcionario, las consultas que realice cada repartición por conflictos de interés (Si hace pocas consultas, se encenderá la luz roja en el tablero), la implementación del expediente electrónico y de las plataformas para canalizar las compras y contrataciones públicas (Comprar.gob.ar) y las licitaciones de obra pública (Contratar.gob.ar). Del mismo modo, se “penará” a cada área que mantenga contrataciones directas o bajo el denominado “legítimo abono”. También se medirá la capacitación del personal con cursos de ética pública y se castigará el retraso en la aplicación del ingreso biométrico de los empleados, para combatir los empleados “de la política”.
Aunque la evaluación de los indicadores, prevén, será trimestral, el nivel de cumplimiento será responsabilidad de cada área.
Entre los organismos que serán mirados con especial interés figuran el PAMI, la AFIP, el Senasa y la Aduana, “más por pasado que actualidad”; y los ministerios que ejecutan obra pública. Por caso, al titular de Vialidad Nacional Javier Iguacel le reprocharán que su área, a diferencia del resto de las áreas que dependen de Guillermo Dietrich (Transporte), está retrasada en la implementación de las plataformas para contrataciones públicas.
¿En qué consistirá el examen? Cada funcionario o titular de cada organismo designará un “jefe de auditoría interna” que lo representará ante la mesa y que se comprometerá a que se cumplan las metas periódicamente. “La política de integridad es una prioridad del Presidente. Por eso quiere que cada ministro se haga cargo de controlar y garantizar de que ninguno pueda hacerse el distraído”, explicaron.
De encenderse la luz roja sobre un ministerio, el responsable será emplazado a revertir el tema para la siguiente etapa. Y, ante incumplimientos reiterados, quien deberá responder será el ministro. Dicen que será el propio Presidente el que le pedirá explicaciones.

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