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El gobierno provincial, a través de las declaraciones conjuntas de los ministros de Gobierno, Héctor Durán Sabas; de Hacienda, Jorge Quintero y de Infraestructura, Juan Velardez, consideró que las denuncias efectuadas por el intendente capitalino respecto al envío de los fondos coparticipables son fruto del proceso electoral, “no tienen propuestas para mostrar, solo desempleo, pobreza y hambre. La provincia cumple exactamente con lo que estipula la ley en ese aspecto e inclusive envía fondos de más. Sobre la tasa de alumbrado se destacó que si el municipio considera que es baja tiene la potestad de aumentar o directamente cobrarla de manera individual a los usuarios y no por la boleta de Edelar.
El titular de la cartera de Gobierno expresó que “queremos difundir situaciones que se plantean, lamentablemente, en estas épocas electorales, donde se usa la tergiversación de la realidad, de los hechos, con el fin de apuntar a captar alguna voluntad”.
“Esto es una mala práctica y tenemos la obligación de salir a declarar que todo lo que se está diciendo es producto de esta intencionalidad política que se esconde tras denuncias que son mentirosas” y precisó que las denuncias que se hicieron hoy desde la Intendencia de la Capital ya han sido presentadas en su oportunidad e inclusive en sede judicial, fueron tratadas, estudiadas, investigadas, y rechazadas y hoy se vuelve a cuestionar al Poder Judicial y a sus jueces. Si tienen alguna denuncia que hacer que la hagan por los carriles correspondientes., consideró.
“Por otro lado, desde el punto de la política, intentan mezclar para tratar de lograr una adhesión mayor a su causa con este tipo de mentiras, y nosotros queremos demostrar la verdad de los hechos y si alguien tiene documentación que contrarreste esto que decimos, lo invitamos a que la traiga y la publique donde quiera para terminar con este tipo de mentiras que tanto daño le hacen a la política”, argumentó y puntualizó que “suceden en esta época, cuando no hay un discurso político válido para mostrar”.
Para Durán Sabas, “solo tienen para mostrar que el 35% de la población está en la pobreza, que uno de cada dos chicos es pobre, que tenemos una inflación que en un mes supera lo que otros países tienen en el año, que hemos igualado a los países que están en emergencia, no tienen otra cosa para ofrecerle a la gente para cautivarla, que no sea desempleo, pobreza y cierre de fábricas, no tienen propuestas y por ello recurren a esta mentira”.
No hay deuda de la provincia
A su turno, el ministro de Hacienda, Jorge Quintero, sostuvo que no es la primera vez que el municipio acusa a la provincia por la forma en la que se distribuyen los fondos de coparticipación, “es algo que ya se aclaró, vino su tesorero, su secretario de Hacienda, se reunieron con nuestros equipos técnicos y se fueron conformes con la explicación” y precisó que la ley establece la forma en la que se calcula la coparticipación para los distintos municipios y en base a eso se lo hace todos los meses, e incluso los otros municipios no están disconformes con la forma de liquidarlos y si les falta para sus obligaciones, “no es por culpa de la Provincia”.
“Los números están a disposición de quien quiera venir a ver, como ya lo hizo el municipio”, resaltó y sostuvo que, por ejemplo, “los PEM son un programa del Municipio, ellos administran los fondos que les damos en concepto de coparticipación y si no les alcanza se escapa a la provincia. La ley es clara, los fondos se le depositan al Municipio, no es potestad de la provincia pagar los PEM”.
Se envían más fondos de lo que corresponde
Respecto a las denuncias que haría el Municipio, el titular de la cartera de Hacienda señaló que “ya se hizo esto con anterioridad, la justicia solicitó los datos, y se resolvió de manera favorable a la provincia. Según nuestro criterio, no hay deuda de la provincia con el municipio, e incluso se están enviando más fondos para que puedan completar el pago de sueldos”.
Quintero precisó que, en el mes de junio, para sueldo y quincenita, se enviaron 91 millones de pesos al municipio, más 49 millones de libre disponibilidad, en total fueron 168 millones de pesos. No se puede calcular de otra forma que no sea la que marca la ley.
Está claro que es un reclamo político

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