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El gobernador Sergio Casas recibió al abogado constitucionalista y asesor de las Madres y Abuelas de Plaza de Madres e hijos, Eduardo Barcesat, quien participo en procesos de defensa de los derechos humanos e integra la Red Nacional Multisectorial Contra el Tarifazo. Barcesat destacó que “hemos venido a traer una iniciativa importante que es la de preservar las autoridades provinciales, las riquezas y los recursos naturales existentes en su territorio, tal como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 124, potestad que ha sido usurpada por el Gobierno Nacional”.


Estuvieron presentes en la reunión, el diputado nacional Danilo Flores; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Luis Brizuela; los vocales del Tribunal Superior de Justicia Claudio Ana, Camilo Farías Barros y el fiscal General Javier Vallejos. Además participaron los secretarios de Derechos Humanos Délfor Brizuela y de Prensa y Difusión Luis Solorza.

En esta oportunidad el letrado Eduardo Barcesat manifestó “hemos venido a traer una iniciativa importante que es la de preservar las autoridades provinciales, las riquezas y los recursos naturales existentes en su territorio, tal como lo establece la Constitución Nacional en su artículo 124, potestad que ha sido usurpada por el Gobierno Nacional a través de los diversos decretos y resoluciones complementadas por su ministro de Finanzas, donde se pone en garantía el pago de la deuda y el conjunto de las riquezas y recursos existentes, en el territorio de la Nación Argentina, así como las empresas nacional, estatal, provincial o municipal”.

Asimismo, explicó que “esto está en esa resolución firmada por Luis Caputo, no se publicó en el boletín oficial pero sí en la página web. Allí la Nación Argentina además de someterse a todas las humillaciones y a su soberanía política, me refiero a renunciar a la soberanía legislativa, jurisdiccional, a cuestionar la legitimidad de la deuda, la tasa de interés y a pedir moratoria renuncia a la inmunidad soberana sobre los bienes del artículo 236 del Código Civil y Comercial que son ese conjunto de piezas y recursos naturales en el territorio”.

“Esto ha motivado una movida, que comenzó en Neuquén, donde se declaró que sus riquezas y recursos naturales no serán puestos para el pago de ninguna deuda contraída por el Gobierno Nacional. Iguales iniciativas se aprobó en Santa Cruz y está en tratamiento provincial en Tierra del Fuego, Chaco, Buenos Aires y tenemos previsto viajar a San Luis y Formosa para obtener iguales pronunciamiento”, indicó.

A la vez detalló que “queremos que las provincias que tienen reservas y recursos minerales más que importantes se plieguen a esta iniciativa, no solamente en resguardo del bienestar del pueblo sino también en defensa de la institucionalidad, las normas constitucionales y tratados internacionales, que están hechos para ser cumplidos no para ornamentar la vidriera institucional argentina”.

“Están en juego los pactos internacionales de derechos civiles, políticos y culturales, el derecho a la independencia económica de los pueblos y la titularidad de los pueblos sobre sus riquezas y recursos naturales. Ningún pueblo puede ser prescindido de aquello que es esencial para su subsistencia. Lo que ésta en juego es el derecho a la vida digna”, concluyó Barcesat.

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