Locales

Del Moral encabezó el pedido de los cambios administrativos en la legislatura.

 

En la sesión ordinaria, asumió el diputado chileciteño Jorge Ricardo Herrera. El cuerpo legislativo aprobó las remociones de autoridades legislativas, estas fueron reemplazadas por nuevos funcionarios dentro de la Cámara de Diputados. Además volvió a tener vigencia el anterior Reglamento Interno de la Cámara, y fue aprobado un nuevo SAF. En otro orden, los diputados del Bloque mayoritario repudiaron la quita de pensiones por discapacidad dispuesta por el Gobierno Nacional.

 

La sesión ordinaria estuvo presidida por el Vicegobernador Néstor Gabriel Bosetti, luego el estrado fue ocupado por el Vicepresidente Primero de la Cámara, Oscar Chamia.

Luego del izamiento de las Banderas del Recinto, Ricardo Herrera asumió su banca como diputado provincial por Chilecito. El legislador formará parte del Bloque Justicialista e integrará la Sala de Sentencia de la Cámara de Diputados.

Seguidamente -ya iniciado el tratamiento parlamentario-, y como parte de la Correspondencia del Orden del Día, el diputado Oscar Chamía propuso el envío a Comisión del “proyecto de la Asociación de Ex Presos Políticos por el cual se declara el repudio y rechazo al fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conocido como ‘2x1’, por su notoria intención de beneficiar a los condenados por delitos de lesa humanidad”. En esta línea, la legisladora del Bloque “Nuestra Tierra”, Lucía Ávila, adhirió a la iniciativa, aunque consideró “extemporáneo el debate”. Acto seguido, el parlamentario por el Bloque “Juan Domingo Perón”, Jorge Basso remarcó que “hay temas en la vida de los derechos humanos que son atemporales”, por lo que consintió el tratamiento solicitado. Consecuentemente, con la aprobación de la mayoría de los presentes, el proyecto pasó a Comisión.

Luego, el presidente del Bloque “Justicialista”, Marcelo Del Moral, solicitó el tratamiento sobre tablas de la modificación del Reglamento Interno de la Cámara de Diputados. Al respecto, el diputado Mario Guzmán Soria aclaró que el Artículo 185 de la normativa expresa que “ninguna disposición interna puede ser modificada sobre tablas” y sugirió que el pedido de su antecesor pase a Comisión. De igual modo, el legislador Enrique Rodríguez hizo referencia a idéntico ítem reglamentario y recordó que “este mismo Cuerpo (de Diputados) aprobó la modificación al Reglamento” hace siete meses atrás. “Esta modificación del Reglamento es un tema político”, remarcó y llamó “a la reflexión” a sus pares para no avanzar en lo propuesto.

Seguidamente, el Vicegobernador Néstor Bosetti, se pronunció al respecto indicando: “No veo ningún motivo para modificar” la disposición en discusión. “Todo límite en la política es cuando está en juego lo institucional. Se está haciendo un avasallamiento institucional. Lamento que el tema político se meta en esto”, afirmó; para luego anunciar: “No renuncio, pero no continuo en esta sesión”. De esta forma, el Vicegobernador se retiró del recinto. Idéntica medida tomaron los parlamentarios Enrique Rodríguez, Marta De León, Roberto Klor y Lucía Ávila.

Ante esta instancia, el Vicepresidente Primero de la Cámara, Oscar Chamía, ocupó la Presidencia y mandó a votar el pedido de Del Moral, lo que fue aprobado por los presentes.

Inmediatamente, Del Moral aclaró: “aquí no estamos avasallando a nadie” y explicó que la vuelta y puesta en vigencia del Reglamento Interno anterior, por lo que “se suprimen varios cargos no escalafonados de esta Cámara de Diputados”, dijo. Asimismo, propuso los siguientes cambios jerárquicos: Juan Manuel Ártico por Jorge Machicote, como Secretario Legislativo; Rita Sessa en lugar de Jorge Villacorta, en la Prosecretaría Legislativa; Mario Ariel Scida por Hugo Pedernera, como Prosecretario Administrativo; y José Pereyra por Hugo Sánchez, como Comisario de Cámara. Los flamantes funcionarios legislativos prestaron juramento inmediatamente.

También fueron designados Nicolás Damián Olivera y Guillermo Boiero, en las coordinaciones generales Operativa y Administrativa, respectivamente. Además, se suprimió el cargo de Secretario Legal y Técnico que ostentaba el Dr. Carlos Ortega.

Acto seguido, Del Moral propuso el ingreso en el Orden del Día y su pronto tratamiento sobre tablas de cuatro convenios de Servicio Administrativo Financiero (SAF). El pedido tuvo la adhesión de los diputados, por lo que fue aprobado.

En otro orden, la Cámara declaró “su más enérgico repudio” a la medida del Gobierno Nacional que da de baja a las pensiones de personas con discapacidades, a partir del mes de mayo del corriente año y sin previo aviso. Respecto de este tema, el diputado Renzo Castro afirmó que “en nombre del Bloque Justicialista, quiero expresar el repudio a la insensibilidad social que está llevando el Gobierno Nacional. Repudiamos los efectos de las políticas neoliberales, relativos a cuestiones sociales. Aquí se toma al mercado y a la economía por sobre la política, en esto se engloba la quita de las pensiones a las personas con discapacidad.”

Castro citó los efectos del Decreto Nº 432 del año 1997, “en ese Decreto se encendía que la discapacidad debía atenderse a través del asistencialismo. Hoy este derecho tiene rango constitucional establecido en el año 2014, incorporado en la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad.”

“Este repudio es para poner en conocimiento de la sociedad, la situación de más de 83 mil personas a las que se les dio de baja, en todo el país. Lo anecdótico es que son suspensiones unilaterales, sin derecho de defensa, alegando justificaciones infantiles, como las que fueron planteadas por el Presidente de la Comisión Nacional de Pensiones, que no se les había comunicado el cese ‘por no tener el teléfono de los beneficiarios”, señaló Renzo Castro.

Asimismo, la diputada Cristina Saúl cuestionó la medida del Gobierno Nacional, y “la insensibilidad por esta decisión que es lamentable, y que va en contra de los argentinos y en especial los desvalidos”, por ello convocó a “los compañeros justicialistas a repudiar y no claudicar en la lucha por aquellos que menos tienen.”

Por su parte, la diputada Marta Salinas calificó como “un agravio a la quita despiadada que se hace de pensiones sociales a los que más necesitan. Esto es ilegal e ilegítimo porque falta el acto administrativo que formaliza, la quita de ese derecho adquirido. Es inconcebible que suceda esto, que se hayan enterado de la quita cuando concurrieron a cobrar en el banco. Este dolor que tiene el pueblo argentino no tiene precio.”

En este sentido, el diputado Jorge Basso cuestionó “la lógica de la construcción de las políticas del Gobierno Nacional”, y puso como ejemplo la suba de tarifas de la energía eléctrica, “cuando se conocieron, y las movilizaciones populares hicieron que el Gobierno retroceda sobre esta cuestión”.

Basso también puso como ejemplo la política de derechos humanos, “cuando quisieron menosprecias la fecha del 24 de marzo, una gran manifestación de personas les hizo volver atrás sobre la decisión.”

El diputado capitalino ponderó la actitud de “las movilizaciones que producen conciencia nacional y popular, porque una vez más actuaron y tuvieron que volver atrás con la promesa de revisar los casos”.

Por su parte, el flamante diputado chileciteño, Ricardo Herrera adhirió a las palabras de sus colegas preopinantes, y relató su experiencia en el ANSES, “un área muy sensible y que tiene íntima relación con este tema. Quiero manifestar mi repudio, mi preocupación por esta medida que denota un gran insensibilidad, sobre todo en un área como Desarrollo Social.”

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