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La postura del peronismo fue explicitada por el jefe del bloque, Miguel Angel Pichetto, quien consideró que la aprobación de la Cámara de Diputados “constituye una norma para enviar un mensaje” al Gobierno.
16.05.2018Política

El bloque justicialista del Senado advirtió en un plenario de comisiones en el que se debate el proyecto de ley que suspende los aumentos de tarifas de los servicios públicos, que firmará dictamen el próximo martes a menos que el Poder Ejecutivo presente una propuesta “racional” de readecuación de los precios de las boletas de gas, electricidad y agua.

La postura del peronismo fue explicitada por el jefe del bloque, Miguel Angel Pichetto, quien consideró que la aprobación de la Cámara de Diputados “constituye una norma para enviar un mensaje” al Gobierno.

Durante la discusión que se llevó adelante en el seno de las comisiones de Derechos y Garantías, Presupuesto y Hacienda y Minería, Energía y Combustibles, el oficialismo, en tanto, planteó la conveniencia de convocar para la próxima semana a gobernadores, empresas distribuidoras de energía y a Cammesa, la administradora del mercado mayorista eléctrico.

“Queremos que los gobernadores den su opinión porque acá hay una intromisión sobre la competencia de las provincias”, propuso el jefe del interbloque de Cambiemos, el formoseño Luis Naidenoff.

El plenario contó con la presencia de más de cuarenta senadores, entre los que se contaban varios que no pertenecían a ninguna de las comisiones pero querían presenciar el debate.

Tras más de dos horas de discusión se decidió pasar a un cuarto intermedio para el próximo martes, a las 11.

“Si ese día, a las 19, el Gobierno no presenta una propuesta superadora vamos a firmar el dictamen”, anticipó el peronista chubutense Mario Pais.

Además, pronosticó que si el gobierno nacional veta la iniciativa, el peronismo trabajará para lograr los dos tercios e insistir con el proyecto en el Congreso.

El debate evidenció tres posturas claras entre los legisladores, ya que mientras el oficialismo planteó iniciar una ronda de consultas, el kirchnerismo quiso firmar hoy el dictamen, y el peronismo aceptó dilatar la discusión, pero sólo hasta la próxima semana.

El oficialista Naidenoff reclamó en el plenario la convocatoria a los gobernadores y a las distribuidoras de energía para que "den su opinión" sobre el proyecto de ley que busca frenar el aumento de las tarifas, al considerar que "hay una intromisión en la competencia de las provincias que tienen sus propios marcos regulatorios”.

"El segundo problema es esta especie de generosidad en la Argentina de las maravillas de establecer una compensación o devolución por parte de las concesionarias locales", remarcó en referencia a uno de los artículos del proyecto, que establece que las empresas provinciales deben devolver lo cobrado en aumentos desde noviembre del año pasado.

Naidenoff también pidió un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso para conocer el costo fiscal de la medida, a lo que el presidente de la comisión de Presupuesto, el macrista Esteban Bullrich, adelantó que los números, aunque provisorios, llegaban a los 80 mil millones de pesos.
En cambio, Pichetto ratificó la postura de firmar el dictamen si el Ejecutivo no realiza antes “una propuesta razonable” para el cobro de tarifas.

"Hasta el martes hay posibilidad de que Ejecutivo plantee un proyecto responsable más gradual. Caso contrario vamos a ratificar esta media sanción (de la Cámara de Diputados)", declaró el senador.

El peronista salteño Juan Carlos Romero, cercano al oficialismo aunque con bloque propio, se sumó al reclamo de Naidenoff y cruzó a los mandatarios provinciales al decir que “juegan para la tribuna”.

“Los gobernadores juegan para la tribuna y trabajan a dos puntas. Nos piden por los medios que no tratemos el proyecto y después sus legisladores votan en el Congreso todo lo contrario”, señaló.

En cambio, la kirchnerista mendocina Anabel Fernández Sagasti, tras pedir que se pase a la firma el dictamen, acusó al oficialismo de “cinismo” porque “invita a la oposición a ser cómplice” de su decisión.

Por su parte, el oficialista cordobés Ernesto Martínez, tras argumentar que no debía invitarse al gobernador de su provincia, Juan Schiaretti, porque explicitó varias veces su postura en contra del proyecto de ley, anticipó que los legisladores de su provincia “no aceptarán que se paguen 200 pesos de luz en la Recoleta y mil pesos en Alta Córdoba”.

Previamente, la reunión de comisión terminó abruptamente, luego de que el macrista Martínez logró que se votara una moción de orden para pasar a un cuarto intermedio.

La decisión del plenario dejó sin hablar a varios senadores, entre los que figuraban la kirchnerista santafecina María de los Angeles Sacnun y la peronista tucumana Beatriz Mirkin, quien le recriminó airadamente por ello a la presidenta de la comisión de Derechos y Garantías, la radical riojana Inés Brizuela y Doria.

“Nosotros no vamos a invitar a nuestro gobernador. Estamos de acuerdo con lo que votó Diputados y el martes vamos a firmar el dictamen”, gritaba, al retirarse, la senadora Mirkin.

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