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La Justicia Federal resolvió favorablemente la cautelar que dispone
medidas de protección al edificio donde funcionara la Policía Federal

El secretario de Derechos Humanos de la provincia, Delfor Brizuela,
manifestó su satisfacción con el fallo de la Justicia Federal, que
asegurará que la estructura edilicia no siga siendo “destrozada ni
desmantelada”.

Después de casi nueve meses, de presentada la medida cautelar de no
innovar, por parte del Ministerio Público Fiscal, para frenar el
desmantelamiento de la Casona de Adolfo E. Dávila, (Ex Policía
Federal), el juez Federal de La Rioja dio lugar al pedido y se
autorizó la permanente custodia policial para el resguardo del
inmueble.

La medida que fue presentada por la Fiscal María Virginia Miguel
Carmona y llevó la adhesión de la Secretaría de Derechos Humanos de la
provincia, fue presentada en junio del 2017, y hace dos semana el juez
Federal resolvió dar lugar a la cautelar.

“Hasta tanto se cumplimente todos los pasos administrativo para
concretar la expropiación de urgencia, sancionada ya hace más de un
año. Y que está muy demorada por los organismos provinciales, esta
disposición salvaguarda la memoria y las pruebas judiciales que puede
aportar la Casona por donde pasaron decenas de presos políticos”, dijo
Brizuela.

El inmueble forma parte de las pruebas judiciales en causas de
delitos de lesa humanidad, que se siguen en el Tribunal Oral en lo
Criminal Federal de La Rioja. Fue señalado por ex presos políticos
como un Centro de Detención ilegal de tortura que funcionó durante la
dictadura militar, y por la cual pasaron decenas de riojanos.

El inmueble fue señalizado en marzo de 2015, como Sitio de la Memoria
en el marco de la Ley Nacional 26.691.

A fines de 2016, la Legislatura Provincial expropio el inmueble
declarándolo mediante Ley Provincial N° 9.926, "de utilidad pública y
sujeto a expropiación de urgencia", para ser destinado al
funcionamiento del Espacio Provincial de la Memoria y para la
Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la provincia. Ley que
fue publicada en el boletín oficial, el 10 de marzo de 2017.

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