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El vicepresidente Primero y a cargo de la viceintendencia, concejal Oscar Luna, se refirió a las declaraciones vertidas por el ex gobernador Beder Herrera y la diputada provincial Ines Brizuela Idoria, sobre la Ley de Coparticipación, en este sentido remarcó la importancia de “conocer la realidad del día a día de la vida institucional de la municipalidad donde no solo se contempla la prestación de los servicios o realización de obras, sino también a los más de 8 mil empleados municipales con los cuales cuenta la comuna”.
Al respecto, Luna, expresó que “habiendo leído las críticas vertidas por el actual Diputado Nacional y ex Gobernador de la Provincia, Beder Herrera, en medios y redes sociales, respecto al proyecto presentado por el Frente Cívico Riojano referido a la modificación de la Ley de Coparticipación Municipal, surge necesario hacer algunas reflexiones sobre este asunto de interés público, tan importante para el crecimiento y desarrollo de nuestra ciudad y departamento”.
Consideró que “todo vecino de la Provincia, y en especial de la ciudad Capital, no peca de ignorancia respecto a la importancia de contar con este instrumento jurídico. La ley de coparticipación municipal fue el resultado de mucha perseverancia de quienes luchamos por el reconocimiento legítimo de los fondos propios de la comuna”.
Agregó “siempre tuvimos conciencia que la autonomía financiera y económica establecida constitucionalmente se convierte en letra muerta si no se reconocían los recursos genuinos Municipales que le permitieran a cada Departamento poder cumplir con sus fines y tomar decisiones propias respondiendo a la voluntad popular que ha elegido a los intendentes”.
Luego remarcó que “el General Perón decía con sabiduría: “Sin independencia económica no hay posibilidad de justicia social”. Esa fue y es la base de esta lucha: cada Municipio sabe cuáles son las necesidades primarias de los vecinos, y son los ciudadanos quienes eligen a su representante directo para llevar a cabo esa finalidad. Coartar y ahogar financieramente y convertir en rehenes políticos a los intendentes comunales es la principal maniobra de los gobiernos provinciales que centralizan el poder violando el espíritu de la constitución y todo régimen institucional”.
Asimismo, explicó que “con la sanción de la Ley Nº 9.782 de coparticipación, que entró en vigencia el 01 de enero de 2.016, quienes participamos activamente en la vida institucional municipal, supimos de inmediato que la lucha no se había agotado. Estamos al tanto que es una ley limitada e insuficiente, que utiliza parámetros poco equitativos y no negociables a pesar de su letra y que es un instrumento que legaliza de manera mezquina una retención injusta de fondos municipales a favor de la Provincia. De todos los recursos coparticipables, previa distribución, se detrae el veinte por ciento (20%) para la constitución de un Fondo de Emergencias, Desarrollo y Desequilibrio Financiero manejable por el gobierno provincial, cuya razón de existencia es cuestionable habida cuenta que ya existen fondos que recibe la Provincia para ser aplicados a dicha finalidad”.
“Asimismo, de la asignación efectiva ingresada al Tesoro General de la Provincia de libre disponibilidad que recibe la Provincia en concepto de Coparticipación Federal de Impuestos, que conforma parte de los fondos coparticipables entre la provincia y los municipios, el ochenta y cinco por ciento queda para toda la provincia, asignándose solo un quince por ciento a favor de todos los municipios que componen La Rioja”.
También, indicó que “de igual manera, los indicadores de distribución de los recursos no fueron resultado del debate con los representantes municipales, habiendo correspondido, como en la mayoría de las jurisdicciones en las cuales se discute las diferentes leyes de coparticipación, tener en cuenta la opinión y los datos aportados por los mismos. A lo cual debemos agregar que la mayoría de ellos son determinados por la función ejecutiva provincial. Por todo ello surgen, desde sus orígenes, como producto de criterios arbitrarios e impuestos a los representantes comunales, corrompiendo la esencia de la ley y dándole una naturaleza legal pero de ninguna forma legítima”.
Recalcó que “el Diputado Herrera dice que el Proyecto presentado por el FCR es producto de “actitudes mezquinas y de tinte electoral que buscan dar lugar a un escenario de desestabilización económica”. Nosotros, que vivimos la realidad municipal y sabemos de las carencias de la misma, manifestamos: la modificación de la Ley de Coparticipación es necesaria porque surge de las necesidades de los ciudadanos que los municipios receptan. Es necesaria porque los problemas municipales son los problemas de los empleados municipales y de los vecinos riojanos. Es necesaria porque el día a día del Estado municipal exige respuestas ineludibles. Mirar para otro lado, en este caso, es darle la espalda al pueblo y generar con esta acción una “real” desestabilidad económica”.
“Creemos, asimismo, que el Proyecto de modificación del FCR puede ser tildado de oportunista y electoralista. No obstante su gran falencia reside en que es acotado y que no responde a una ley que refleje las circunstancias existentes por sus propias limitaciones. Se necesita experiencia y vivencia para saber cuáles son las necesidades reales; asimismo también se requiere de una verdadera vocación institucional para resguardar los derechos del municipio y sus ciudadanos. Un claro ejemplo de ello es tomar conciencia de que la existencia del Fondo de Emergencias, Desarrollo y Desequilibrio Financiero no es más que un instituto creado al único efecto de acaparar recursos a favor del gobierno provincial, fondos que son legítimamente destinados por naturaleza a los municipios y necesarios para el cumplimiento de las obligaciones contraídas y pendientes de los mismos, situación “llamativa”, ya que FCR jamás solicitud informe alguno al respecto, elemental y básico como resorte en el control del cumplimiento de la leyes”.
“Por ello, propugnamos y promovemos un profundo debate que permita generar una ley objetiva, verdaderamente justa y equitativa, que respete la realidad municipal, de de los empleados de la institución y sobre todo la de sus destinatarios objetivos, el pueblo que reside en cada uno de los departamentos”, finalizó.

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